El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago afirmó hoy en Burgos que el Gobierno autonómico considera que tiene “amparo legal” para que no se cierre la estación de esquí de Navacerrada. Defendió así la decisión del Ejecutivo de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) para mantener abierta la estación de esquí.
“La Junta ha realizado este recurso porque sigue creyendo en el acuerdo que en su día hubo, señalando que el cierre de Navacerrada le correspondía, en su caso, decretarlo al Estado. El Estado fue el que concedió la concesión de utilización de las pistas de esquí a la empresa que gestiona estas pistas, lo lógico es que quien hace nacer un vínculo jurídico de concesión sea quien lo dé por finalizado si considera que concurren causas”, indicó el consejero a preguntas de los medios, tras la inauguración del VI Congreso de Mujeres en el Sector Público, que se celebra en la jornada de hoy en Burgos.
González Gago explicó así que el Estado solicitó que fuera la Junta de Castilla y León quien decretara el cierre de la estación de esquí de Navacerrada, y recordó que en su día el Gobierno regional ya señaló que “no eran competentes” para llevarlo a cabo. “La primera sentencia del Tribunal Superior ha dado la razón al Estado, pero consideramos que hay elementos de defensa”, apuntó. Por ese motivo, se presentó ayer un recurso de casación ante este mismo Tribunal.
Señala así que se trata de la “única estación de esquí que se quiere cerrar en toda España, de las más de treinta y tantas que hay”. “No hay una motivación de ningún tipo, ni siquiera desde un punto de vista medioambiental, para su cierre”, agregó, a la vez que recordó que toda la protección que tiene ese entorno se ha producido “estando en funcionamiento estas pistas”, y desde la Administración regional no entienden las razones para su cierre. “Toda la forma y estándar de vida desde hace más de un siglo de toda la actividad económica y social en esa zona, se ve perjudicada por una decisión que no entendemos y que creemos que tenemos amparo legal para que no se realice”, apostilló al respecto.
A preguntas de los medios acerca de qué plazos se barajan para lograr una respuesta por parte del Supremo, el consejero recordó que este recurso tiene que pasar primero por una fase de admisión, y después el Tribunal Supremo se encargará de estudiarlo y dar una sentencia. “Podríamos estar hablando de entre seis meses y un año”, dijo.
Asimismo, indicó que la “voluntad” de la Junta es “ganar”, y mantener abierta la estación de esquí. “Creemos que tenemos razones jurídicas de fondo para entender que le asiste la razón a la comunidad autónoma”, afirmó, a la vez que recordó que Parques Nacionales del Estado fue quien tomó la concesión por veinte años”. “No parece muy razonable que una administración ayude a nacer y sea otra administración la que tenga que enterrar. Lo lógico es que sea la misma la que se pronuncie en un sentido y otro”, reiteró.