La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, aseguró este martes que el Gobierno aprobará el próximo 29 de marzo un paquete de medidas que “tendrá como protagonista principal el que se baje el precio del carburante”, aunque indicó que habrá que hacerlo con medidas “que no pasen por rebajas fiscales que no tendrían ningún tipo de efecto”.
Así lo indicó durante la sesión de control al Gobierno en el Senado al responder, en primer lugar, a una pregunta parlamentaria del senador Josep Lluís Cleries, de Junts, sobre “las medidas concretas fiscales y de todo tipo que piensa aplicar el Gobierno ante el incremento desmesurado del precio de los carburantes, la electricidad y el gas”.
Además, la ministra también respondió a una interpelación del senador José Manuel Barreiro, del PP, sobre “las medidas de carácter tributario que va a implementar el Gobierno para hacer efectiva la rebaja fiscal impulsada por las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma”.
En su pregunta, Cleries criticó que el Ejecutivo achaque la subida de los precios a la guerra en Ucrania porque “hace mucho tiempo que esto está sucediendo”, ya que, apuntó, “el precio de la electricidad en 2021 creció un 220 por ciento”, y “sigue y sigue creciendo” en lo que va de 2022. Asimismo, subrayó que “muchas familias están viviendo una situación extrema, de mucha dificultad”, y que las “huelgas y paros están colapsando el mercado”.
Por su parte, Montero expresó su “empatía con todos los sectores debido al incremento de la inflación” por los costes energéticos, y aseguró que la situación “se ha agudizado con motivo de la invasión” de Ucrania por parte de Rusia y de las sanciones económicas que la UE ha impuesto a Rusia.
Además, señaló que, a criterio del Gobierno, “la subida de precios de 2021 coincide con la preparatoria por parte de Rusia” de la guerra, utilizando “el grifo” del gas para influir en su precio e impactar en Europa.
Por último, destacó el trabajo del Gobierno con la UE para desacoplar el pool eléctrico y con comunidades autónomas agentes sociales, partidos políticos y sectores productivos de cara a consensuar el paquete de medidas que será aprobado el 29 de marzo.