Dos nuevas sentencias, una de ellas del Juzgado de lo Social de Salamanca, dictaminaron esta semana que los repartidores de la ‘startup’ Glovo son autónomos, reconociendo así la validez del modelo de negocio de la empresa de origen barcelonés que, en un comunicado, recordó que acumula «ocho sentencias favorables» al respecto.
Las sentencias, tal y como asegura Glovo en su comunicado, «reflejan una vez más, a través de hechos probados y teniendo en cuenta el resultado de la Inspección de Trabajo que en 2016 ya validó el modelo de negocio de Glovo, que la realidad material de la relación demostrada difiere considerablemente de una relación laboral, sin que concurran sus principales características», informó la compañía barcelonesa.
Las sentencias de los Juzgados de lo Social de Barcelona y Salamanca coinciden así en que «el trabajador es quien tenía el dominio completo de su actividad, sin estar sometido a la esfera organizativa y rectora de la empresa». Por ello, estos trabajadores «no están «sometidos a un horario ni a una jornada» y son ellos «quienes eligen y deciden los días que trabajan y en qué jornada lo hacen, así como qué encargos o recados desean realizar, sin sufrir por ello penalización alguna por parte de la empresa».
En conclusión, las sentencias exponen que es «el propio demandante, y no la empresa, quien programaba su actividad, y de quien dependía lo concerniente a su relación con el público, destinatario de los pedidos, asumiendo en definitiva el riesgo». «Tales elementos desvirtúan la exigencia de la nota de dependencia típica de la relación laboral», concluyen las sentencias.
Tras estas dos nuevas sentencias, Glovo considera que su modelo de negocio en España «se ve de nuevo reforzado», pero lamenta que este sea «el único país en el que se están judicializando los casos, en lugar de optar por el diálogo y apostar por una regulación específica para un sector nuevo y con un gran impacto económico, en línea con Francia o Reino Unido».
Siguiendo el ejemplo de estos países, Glovo solicita «un marco normativo adaptado a las nuevas relaciones laborales derivadas de la digitalización, sin destruir un modelo que se ha mostrado práctico y útil para todas las partes implicadas». Por ello, la ‘startup’ española urge «al Gobierno y al resto de agentes sociales a agilizar la creación de una mesa de trabajo en la que estén presentes representantes del sector, de los trabajadores y de la Administración».