La Asociación Masquebares de Valladolid se unió a otros ocho colectivos del país para crear la Coordinadora Estatal de Hostelería en Lucha que nace para exigir al Gobierno central ayudas directas y pedir una cuantía a las personas autónomas de más de 3.000 euros para contrarrestar al menos un año de pérdidas económicas y deudas generadas.
Las nueves asociaciones representan a más de 1.000 bares de España y se presentan como “independientes y desvinculadas de las grandes patronales de Hostelería”.
“Nos hemos organizado para dar voz a nuestros compañeros, que llevan este trabajo en las venas, volcando toda su pasión en ello, respetando, defendiendo y exigiendo que se cumplan unos derechos laborales que llevan años pisoteados”, destacó la nueva Coordinadora en un comunicado.
Los autónomos del colectivo de bares recordó que es necesario que al sector lleguen ayudas directas porque endeudarse con créditos ICO, únicamente empeora la solvencia y el futuro de sus negocios. «Estas ayudas deberán recaer principalmente en los sectores que hayan permanecido más tiempo cerrados, siendo éste el principal baremo a tener en cuenta a la hora de ejecutarlas”, exigió.
Asimismo, destacó que cualquier persona que haya sufrido el cierre decretado de su negocio y haya generado deudas a partir del 14 de marzo de 2020, debe poder acogerse a las ayudas sin ningún tipo de problema, y exigió un diálogo fluido con el Gobierno, para que se tenga en cuenta al colectivo como un agente social más, que defiende, sobre todo, a los trabajadores del sector.
Los ERTE deben prolongarse hasta 2022, según apuntó el colectivo, para evitar las quiebras de sus negocios, con la obligación de mantener el puesto de trabajo seis meses después de la finalización del expediente. “Cualquier persona que haya estado expedientada a causa de la pandemia, deberá estar exenta de sus obligaciones fiscales en la declaración de la Renta. A su vez exigimos que toda ayuda que provenga de la administración central, debe ser de carácter no contributivo”, dijo.
Por último, exigió que se estudien, trabajen y ejecuten soluciones para los próximos años, que ayuden a todo el sector frente a la complicada situación económica a la que se van a enfrentar.
El colectivo conformado por nueve asociaciones de Castilla y León, Aragón, País Vasco, Galicia y Asturias plantea estas reivindicaciones tras el anuncio del Real Decreto-Ley del 12 de Octubre, que favorece “desde casas de apuestas a grandes compañías de transporte”, es decir, añadió, el Gobierno da “dinero público a los de siempre”.