La consejera de Familia, Isabel Blanco, señaló hoy que el número de familias atendidas a través de los distintos mecanismos de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León descendió el año pasado a 107.000, frente a las 121.000 registradas en 2020, lo que sitúa las cifras en niveles similares a los de 2019, antes del estallido de la pandemia. Blanco participó en Ponferrada en la inauguración del XXV Congreso de la Federación de Bancos de Alimentos (Fesbal) y puso en valor la “labor fundamental” desarrollada por estas instituciones durante las etapas más difíciles de la crisis sanitaria.
En ese sentido, apuntó a la necesidad de reforzar la colaboración con estas entidades, mediante la puesta en marcha de nuevas medidas que ayuden a hacer frente a retos como la subida de precios de alimentos y carburantes. Al respecto, recordó que la Junta está articulando un nuevo elemento normativo bautizado como bonos de urgencia social.
Esta herramienta, explicó la consejera, permitirá habilitar fondos “en el menor tiempo posible” ante una “situación sobrevenida”, de manera que se pueda atender “de una manera rápida y eficaz” a las familias que sufren este tipo de situaciones. Según detalló Blanco, el objetivo es que el plazo máximo sea de entre 15 días y un mes, desde que surge la necesidad hasta que las familias reciben ayuda.
Por otro lado, la consejera aseguró que el número de personas que llegan de Ucrania huyendo del conflicto bélico con Rusia se está estabilizando en las últimas semanas e incluso aumenta el número de los que retornan a su país de origen. La Junta atiende en el territorio de la Comunidad a un total de 3.316 refugiados ucranianos, a los que presta apoyo educativo y sanitario, así como ayudas de emergencia a través de los ayuntamientos.
Nuevo modelo de financiación
Por su parte, el presidente de Fesbal, Pedro Miguel Llorca, puso voz a la “incertidumbre y preocupación” de los bancos de alimentos ante la entrada en vigor, el próximo año, de un nuevo modelo de financiación de este tipo de entidades.
Llorca explicó el gran objetivo de los bancos de alimentos es “acabar de una vez por todas con la cronificación de la pobreza”, fomentando la lucha contra el despilfarro y el desperdicio, aunque señaló que “con eso no es suficiente” y lamentó que el alza de precios de los alimentos registrada en los últimos meses alcance hasta el 20 y el 30 por ciento en algunos casos.
Por su parte, el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, elogió la “gran labor” llevada a cabo por los 40 voluntarios que forman parte de la entidad local, el Banco de Alimentos del Sil, que el pasado año atendió a casi 5.000 personas, mediante el reparto de 700.000 kilogramos de comida.