La Diputación de Valladolid costeará, con un máximo de 400 euros, el seguro a los arrendadores de casas en los pueblos de la provincia para garantizar el pago de la renta y en su caso los posibles daños ocasionados en la vivienda. Es una de las novedades que recoge el Plan Provincial de Vivienda 2020 para lo que se reserva, inicialmente, 100.000 euros, con el objetivo de ayudar a poner viviendas en el mercado de alquiler, con ayudas para superar las «reticencias» de los propietarios de las casas. El plan mantiene las subvenciones a la vivienda joven y a la rehabilitación de casas, mientras que se incluye como novedad el programa de fomento del arrendamiento.
El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, aseguró hoy durante la presentación de las diferentes actuaciones en materia de promoción de viviendas que la casa es la primera condición «indispensable» para fijar población en los pueblos. De ahí que destacara, según recogió la Agencia Ical, el esfuerzo económico de la Diputación, al dotar con 850.000 euros el Plan Provincial de Vivienda, aunque precisó que es más necesario que nunca por la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 para que «nadie se quede atrás”.
Íscar hizo referencia a la «paradoja» de que las administraciones pongan el acento en las problemas de pérdida de población pero, sin embargo, los que quieren ir a vivir a un pueblo tienen dificultades para encontrar una vivienda. «Para asentarse en el mundo rural, son necesarios determinados servicios que garanticen, por ejemplo, una buena conectividad o un buen acceso a la salud y a la educación. Pero, sin viviendas disponibles, será imposible que nadie opte por vivir en nuestros pueblos”, aseveró. Una situación que, además, coincide en un momento en que muchas familias plantean retornar a los pueblos, por la pandemia del coronavirus.
La Diputación mantiene las cuatro modalidades de ayuda a la Vivienda Joven, destinadas a jóvenes menores de 36 años, para financiar la rehabilitación, los gastos de hipoteca, el alquiler y la más reciente, que se creó el año pasado, las reformas que mejoren la eficiencia energética y la accesibilidad de las viviendas. El programa de Vivienda Joven cuenta con un presupuesto inicial de 280.000 euros, aunque Conrado Íscar consideró que será necesario aumentar esta partida, ante la gran acogida que ha tenido la primera convocatoria en julio, que recibió 118 solicitudes, por un importe de 162.000 euros.
El Plan Provincial de Vivienda incluye también el programa de Rehabilitación de Viviendas, con un presupuesto de 100.000 euros. La convocatoria 2020 cuenta con una novedad en cuanto al número de habitantes que debe tener el municipio donde se ubique la vivienda que va a recibir la ayuda de la Diputación, que pasa de municipios de mil habitantes a localidades de 2.000 habitantes.
Todas estas subvenciones se dirigen a favorecer el acceso a la vivienda, especialmente por parte de la población juvenil y con prioridad para las solicitudes para viviendas ubicadas en municipios de menos de 2.000 habitantes y localizados a más de 30 kilómetros de la capital vallisoletana. Los interesados podrán solicitar las ayudas hasta el 31 de diciembre, las ayudas pueden solicitarse hasta el 31 de diciembre próximo.
El Plan Provincial de Vivienda cuenta con una financiación para este año de 850.000 euros. A las convocatorias iniciales de cada uno de los programas de ayudas, que suman en total de 480.000 euros, se une una ampliación de crédito de 370.000 euros, procedentes de la reciente enajenación de una parcela del Plan Parcial Villa del Prado. Esta cantidad se destinará a suplementar las partidas en las que el exceso de demanda agote el crédito disponible sin poder atender todas las solicitudes.
Convenio Rehabilitare
El Plan de Vivienda se completará con la próxima firma del convenio Rehabitare entre la Diputación de Valladolid y la Junta. De esta manera, la institución provincial aportará 208.000 euros, prestará el apoyo necesario y coordinará con los municipios las actuaciones de rehabilitación de viviendas o inmuebles de titularidad municipal en municipios de menos de 5.000 habitantes para ser destinadas posteriormente a alquiler social. Por su parte, la Junta destinará 850.000 euros.