La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil denunció hoy en León la existencia de un total de 713 vacantes sin cubrir en Castilla y León, donde existen 7.676 agentes destinados, y a los que estimó que se necesiten sumar otros 1.200 “para poder dar seguridad a la Comunidad Autónoma”.
Así lo señaló el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, que estuvo acompañado del secretario de Comunicación de la formación, Agustín Leal, y del presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Castilla y León, Benjamín Castro, para informar sobre el acuerdo de colaboración suscrito con el sindicato.
Un acuerdo de colaboración al que también se suma el sindicato Justicia Policial y que pone de relieve el “amparo necesario y la puesta valor del trabajo de los empleados públicos que cuidan y protegen en todos los ámbitos”. En ese sentido, Benjamín Castro cifró en un 15 por ciento la pérdida de poder adquisitivo de todos los empleados públicos desde 2010, por lo que avanzó que “no se cejará en continuar con la defensa de las condiciones laborales y sindicales” de estos trabajadores y en reclamar “la equiparación salarial con otras comunidades o el incremento de ofertas de empleo públicos en ámbitos como instituciones penitenciarias”.
En el caso concreto de la Guardia Civil, el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, lamentó que la situación actual, con “servicios mermados, pocos medios materiales y falta de personal”, hace que Castilla y León “sea la Comunidad con una inseguridad más grande de España”. Según los datos que aportó, de 7.676 agentes cubren 90 por ciento del territorio de la Comunidad, en la que existen 200 “puestos fantasma” que no son operativos, ya que “o bien abren unas horas al día o ñpo hacen unos días a la semana”, de manera que “no pueden dar ese servicio”. Además, existe una diferencia salarial de unos 700 euros con determinados policías autonómicos.
“En los últimos años, la Guardia Civil siempre está deficitaria de personal y medios”, afirmó el secretario de Comunicación de la Asociación Profesional, Agustín Leal, quien profundizó en los datos aportados por Vilariño y expuso que Castilla y León cuenta con 260 cuarteles de la Guardia Civil “carentes de medios”, algunos de los cuales cuentan con “dos, tres o cuatro agentes” que “no pueden dar servicios las 24 horas”.
De este modo, aunque los ciudadanos reclamen su presencia en los pueblos, esto “no garantiza la seguridad” más allá de tener abierta una ofician de la Guardia Civil, ni acorta los tiempos de reacción existentes “de hasta una hora”. Por ello, Leal propuso cerrar los “cuarteles fantasmas” y crear grandes grupos operativos en cabeceras de comarca con los agentes suficientes para “sacar patrullas las 24 horas del día” y ser “más efectivos”. No obstante, para ello es necesaria la elaboración de un estudio sobre los kilómetros a recorrer, la población existente y el ámbito delincuencial.
Entre las carencias de la Benemérita en Castilla y León, el secretario de Comunicación de Jucil expuso que las patrullas de la Comunidad cuentan con vehículos que tienen más de 700.000 kilómetros y que son inadecuados “para el ámbito rural y las zonas montañosas”. Asimismo, “los nuevos agentes eventuales incorporados este año vienen solo con una puesta de ropa”, al tiempo que se ha dotado de una cantidad “testimonial” de pistolas taser.
De igual forma, la Asociación Profesional reivindicó dotar a los agentes uniformados de una cámara de seguridad para que puedan grabar las intervenciones, lo que serviría para “demostrar la legalidad de la intervención, ejercer de acusación y salvaguardar a un ciudadano de una mala praxis de un agente”.
Finalmente, Leal resaltó que la creación de equipos para delitos concretos, como pueden ser Viogén o Arroba, “restan los agentes de los puestos de la Guardia Civil”, de forma que estos “no pueden cubrir las necesidades de sus demarcaciones”, ante lo que solicitó “la publicación de vacantes específicas”, así como el empleo de funcionarios civiles “para desarrollar muchos servicios burocráticos”.