El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, reivindicó hoy la “lección” que supuso la salida de la crisis de 2008 para defender la necesidad de contar con “gobiernos austeros”, tanto en el conjunto del país como en Europa, ante el ‘invierno económico’ pronosticado para los próximos meses, como consecuencia del aumento de los precios y del coste energético.
García-Gallardo pronunció la conferencia ‘Pragmatismo en tiempos de dificultad económica’ en el hotel AC Palacio Santa Ana de Valladolid, donde aseguró que los gobiernos no pueden “estar en una situación permanente de sobreendeudamiento y gasto público” porque la economía nacional actualmente está “dopada y maquillada por el soporte del Banco Central Europeo”, algo que “no va a durar para siempre”.
En este sentido, reclamó “pragmatismo” como forma de abordar la actual coyuntura económica para “dar soluciones prácticas a los problemas reales de las familias y las empresas”, asegurando que es lo que ha definido al Gobierno de coalición de Castilla y León “desde su constitución” frente a los “dogmatismos y las líneas trazadas de antemano” de otros ejecutivos.
Criticó así a los partidos con “otras prioridades políticas”, entre las que mencionó “la legalización de las drogas, la ley trans, la ley de bienestar animal que tanto daño hace al sector primario o la llamada ley de memoria democrática”, frente a las propuestas de su formación, centradas en “resolver la coyuntura económica actual”, porque “frente a los estereotipos que nos atribuyen, no nos centramos en cuestiones ideológicas sino en las cosas del comer”.
No obstante, García-Gallardo aclaró que esta reivindicación de la ‘realpolitik’ “no es una señal de cobardía ni de renuncia a nuestros principios ideológicos”, que compatibilizó con el programa con el que Mariano Rajoy se presentó a las elecciones de 2011 por proponer la reducción del gasto público que “una vez entró en el gobierno, no cumplió”.
Aseguró así que desde Vox creen que “principios y gestión son compatibles y se retroalimentan”, defendiendo por un lado “el combate a la ideología de género y a los dogmas del catastrofismo climático” mientras, por otro, forman equipos técnicos para solventar un escenario económico en el que “la pandemia y la crisis energética por una política suicida agravada por la agresión injusta y brutal de Rusia contra Ucrania” han llevado a un escenario en el que “los datos económicos y de empleo se tambalean”.
Ante ello, reivindicó una propuesta económica que, además de por la soberanía energética a través de la energía nuclear, apueste por las “fortalezas y oportunidades” de Castilla y León, entre las que cifró el patrimonio histórico, los recursos naturales, la educación, la gastronomía o las industrias agroalimentaria y automovilística, frente a las “debilidades y amenazas” que, aún siendo “menores”, enmarcó en “un espacio enorme, una población envejecida, una natalidad que desciende estrepitosamente” y la vecindad de territorios como Madrid, Navarra o País Vasco que “hacen de aspiradora” de la población de la Comunidad.
Simplificación administrativa y ayudas a la contratación
Dicha propuesta, además de en la soberanía energética y en la reivindicación del modelo de vida de Castilla y León para frenar el invierno demográfico, también se centra en “apoyar la soberanía industrial con ayudas públicas a la inversión y una apuesta decidida por la innovación”, dado que si España y Europa tienen un estado del bienestar que “protege los derechos de los trabajadores e impide competir a la baja”, se debe “competir ofreciendo productos y servicios de más valor añadido”.
Por ello, reclamó innovación frente a la “ingeniería social de género y verde”, dado que “elevar los costes energéticos a las familias y las empresas y pintando arcoiris en los pasos de cebra, no vamos a conseguir ser lo que un día fuimos”, acabando sumidos, según García-Gallardo, “en la irrelevancia”.
De igual forma, y para apoyar esa soberanía industrial, el vicepresidente de la Junta hizo un llamamiento a realizar una “reducción drástica de impuestos” acompañada de la “reducción de gasto público prescindible”, aumentando el poder adquisitivo de familias y empresas para “poder seguir consumiendo” y reduciendo la carga burocrática. En ese sentido, el vicepresidente de la Junta anunció que la Comisión de Simplificación Administrativa, “a punto de constituirse”, apostará por el silencio administrativo y las declaraciones responsables para “hacer a las familias y las empresas la vida más sencilla”.
Todo porque la Comunidad afronta una situación con “más de 100.000 parados, decenas de miles de personas prescriptoras de la Renta Garantizada de Ciudadanía y, a la vez, muchos empresarios que no encuentran empleados”. Por ello, y “para reducir esta brecha y que estas dos realidades puedan casar”, anunció que desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, “gracias a los ahorros en gasto público prescindible”, se destinarán “270 millones de euros a políticas activas de empleo en los sectores más necesitados”.
Y es que “hasta una ruina puede ser una esperanza”, concluyó García-Gallardo para evitar una visión “catastrofista” pese a que se afronta “una situación sin precedentes” por el “estancamiento industrial, la inflación y los problemas geopolíticos”. “Pero apostando por reforzar nuestra industria, recuperando la soberanía energética con la nuclear, y defendiendo la vida en Castilla y León contra el invierno demográfico, la Comunidad tiene mucho futuro”, sentenció el vicepresidente de la Junta.