La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades incluye por primera vez en sus presupuestos para 2021 una partida de 8,8 millones de euros para abonar el bono social térmico en el marco de la lucha contra la pobreza energética que llegará a más de 93.000 familias de la Comunidad, con unas cuantías entre 67 y 123 euros.
Este año 2020, el bono social térmico se está tramitando por la Comunidad Autónoma y tanto los beneficiarios como la cuantía que corresponde a cada uno, se han facilitado por el Gobierno de España, precisó la consejera Isabel Blanco.
Así lo destacó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en su comparecencia para informar a la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de los presupuestos de su departamento, donde explicó que en su conjunto la lucha contra la pobreza cuenta con 94,95 millones destinados a los recursos que se integran en la Red de Protección a las familias y personas, que benefició a más de 30.000 personas a través de la Renta Garantizada de Ciudadanía, ayudó a más de 5.892 familias.
En concreto, la Red de Protección proporcionó 5.823 ayudas económicas para atender necesidades de urgencia social que beneficiaron a más de 16.200 personas y que posibilitó a 12.275 personas la realización de itinerarios para la formación para personas en exclusión.
En Castilla y León hay 69.547 personas menos en riesgo de pobreza o exclusión que en 2018, pero la tasa de carencia material severa aumentó en 2019 al 2,3 por ciento, (0,4 puntos más que en 2018), si bien Blanco, pese a estar por debajo de la media, afirmó que se priorizar las actuaciones en el presupuesto.
Precisamente, la Renta Garantizada de Ciudadanía consigna en el presupuesto 48,7 millones, lo que supone una reducción con respecto al año 2018 del 38 por ciento, relacionada con la mejora de la situación en los años 2018 y 2019 y con la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital en el año 2020, cuya gestión al Gobierno volvió a solicitar la consejera.
Sin embargo, Blanco precisó que la estimación de la renta para este año debería haber sido menor ya que todos los destinatarios deberían recibir el IMV y además con mayor cuantía, si bien recordó que en la realidad no es asi, ya que solo se concede a un 18 por ciento de las solicitudes efectuadas.
No obstante, explico que, una vez que la normativa del IMV esté aprobada y sepan a qué atenerse (se ha modificado cuatro veces desde la aprobación del Decreto Ley en mayo, y está ahora mismo en tramitación parlamentaria el Decreto Ley para su conversión en Ley) se empezará a trabajar en una modificación en profundidad de la RGC con el diálogo social.