El Ayuntamiento de Valladolid ha alcanzado un acuerdo con los vecinos de la urbanización de Los Doctrinos para la legalización de este grupo de esta zona de residencial ubicada a 17 kilómetros de la capital vallisoletana, en el límite con Villanueva de Duero. Finalizan así 40 años de litigios para la legalización de este enclave que se construyó en los años 70 sin atender a la legalidad, lo que llevó a que incluso estuvieran amenazados de demolición.
Según el acuerdo alcanzado, el Ayuntamiento de Valladolid recibirá 62.000 euros y los vecinos tendrán que aportar el dinero de la urbanización de las cales, que sustituirán la gravilla actual por un pavimento actualizado. La propietaria del suelo dividió el espacio en 58 parcelas de 5.000 metros cuadrados, que era el espacio considerado en ese momento como ‘unidad mínima de cultivo’, aunque algunas de esas parcelas se fueron dividiendo a su vez hasta alcanzar el número de 90.
En el año 1982 se propuso su demolición aunque no se llevó a efecto. En el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1984 se previó su posible legalización aunque en ciertas condiciones y tras algunos trámites, y fue en 2001 cuando se aprobó el plan parcial. En 2003 se constituyó la Junta de Compensación, pero también se creó una sociedad anónima entre los propietarios, que complicó aún más el desenlace.
En el año 2007 se aprobó un proyecto de actuación y la reparcelación, que algunos propietarios afectados lo denunciaron y plantearon un recurso contencioso-administrativo. En febrero de 2012 se autorizaron otros proyectos de actuación y de urbanización, pero unos meses después fueron anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). En 2014 se redactó y aprobó otro proyecto de actuación y un convenio de “monetización” (según el cual la cesión del 15 por ciento del aprovechamiento, que correspondía al Ayuntamiento, que inicialmente debía ser en suelos, se hacía en dinero al no existir suelos disponibles para la cesión).
Todo se llegó a aprobar inicialmente. Y como consecuencia del convenio los propietarios entregaron al Ayuntamiento 470.000 euros, en función de esa “monetización”. Pero hubo tantas alegaciones y tan significativas, que se desistió de seguir adelante y todo quedó paralizado, informaron fuentes municipales a través de un comunicado.
En 2015 se impulsó la búsqueda de una solución a este conflicto, con la idea de mantener el plan parcial aprobado pero con correcciones para permitir el reconocimiento de lo edificado y la correcta equidistribución. La redacción de los nuevos instrumentos de planeamiento no fue sencilla. Pero entre 2017 y 2018 se aprobó la modificación del Plan y la edificabilidad total es de 19.315 metros cuadrados.
En 2019 se aprobaron inicialmente los nuevos proyectos de actuación y urbanización. Y se fijó un nuevo convenio de monetización (de los 532.000 euros totales que habrían de entregar los propietarios, faltaban 62.000). Estos proyectos no recibieron ninguna alegación, tuvieron todos los informes sectoriales precisos y fueron aprobados definitivamente en el mes de febrero de 2020, concluyendo así el proceso de legalización.
El 4 de junio se aprobó de forma definitiva el proyecto de urbanización, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 12 de junio. La urbanización, que se iniciará inmediatamente, tiene un presupuesto total de 2,8 millones de euros, y las obras están previstas en el plazo de un año.