La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Castilla y León reclamó hoy a la Junta la convocatoria «inmediata» de la Mesa General de Empleados Públicos en la Comunidad para desarrollar la nueva norma que regula el teletrabajo en la administración a nivel autonómico, sobre todo entre el personal docente. Una demanda que llega después de la publicación la semana pasada de la reforma de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge que cada administración desarrollará en los próximos seis meses para adaptarlo a su territorio.
El nuevo presidente autonómico de CSIF, Benjamín Castro, aseguró que la regulación del trabajo en la administración en Castilla y León es «capital» en todos los ámbitos, sobre todo en el sector de la educación. «Es aún más importante e inmediato entre los docentes dado que, en cualquier momento, un profesor puede verse obligado a desarrollar su labor de casa ante un aula en cuarentena», expuso.
Precisó, según recogió la Agencia Ical, que si en el primer confinamiento, con la declaración del estado de alarma en marzo, el teletrabajo en la educación cogió a todo el mundo con el «pie cambiado», ahora no debe volver a ocurrir, por lo que apostó por negociar la reforma de «manera inmediata». A su juicio, los seis meses previstos para desarrollar el teletrabajo en cada territorio son un tiempo muy elevado por que la situación de pandemia no permite esperar «tanto» tiempo.
Antes de la celebración del primer Consejo Autonómico en la sede del sindicato en Valladolid, Castro apostó por un sindicato «firme», «riguroso» y que de «certidumbres» a los trabajadores de Castilla y León en un momento «tan complejo», además de «alejarse» del juego político. «Los empleados necesitan de nuestra impronta y un sindicato fuerte, que mira hacia adelante», significó. De ahí que justificara que la nueva dirección de CSIF haya nombrado las comisiones gestoras, a nivel autonómico y provincial, sin haberse celebrado los congresos correspondientes por la situación de la pandemia.
El secretario de Acción Sindical del sector de la Administración General, José Luis Rodríguez, exigió a la Junta compromisos y medidas correctoras para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres, que sufren unas 5.000 trabajadoras de la Junta pese a ocupar los mismos puestos. Consideró necesario abordar «con urgencia» este asunto para «atajar» una discriminación «histórica», que pasa por aplicar medidas correctoras en la actual negociación del convenio colectivo del personal laboral. Y es que, precisó, que el sueldo base es el mismo pero hay diferencias importantes en los complementos específicos (salvo en el intervalo de los salarios entre 12.000 y 18.000 euros anuales).
En este sentido, Rodríguez puso el ejemplo de dos trabajadores, un hombre y una mujer del Grupo III. No en vano, mientras que el complemento específico de un técnico auxiliar de explotación -puestos copados mayoritariamente por varones- es de 236 euros frente a los 132 euros que cobra un técnico superior en Educación Infantil, un trabajo que suelen desempeñar las mujeres. A su juicio, de nada servirá la aprobación del I Plan de Igualdad para los empleados de la Administración General de la Junta si no se pone una solución «inmediata» a la brecha salarial.
El responsable autonómico de Sanidad de CSIF, Enrique Vega, aprovechó la rueda de prensa para advertir del «colapso» de la Atención Primaria», por la falta de personal y el exceso de tareas burocráticas. Apuntó el retraso acumulado a la hora de conseguir una cita para el centro de salud, lo que provoca que, al final, los ciudadanos acudan a las Urgencias de los hospitales.
Lamentó que la mitad de la jornada laboral de un enfermero sea para el rastreos de casos Covid, un trabajo que se resta a la actividad asistencial y la atención de los pacientes. Vega demandó a la Consejería de Sanidad la contratación de personal que no sea sanitario para llevar a cabo el trabajo de los rastreos de los contagiados.