Castilla y León no logró alcanzar en 2019 el gasto social por habitante de una década antes, al registrarse un diferencial respecto a 2009 de 77,7 millones de euros, lo que representa un 1,2 por ciento menos. Así lo recoge un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que sitúa a la Comunidad en séptimo lugar, con 2.643,94 euros.
La recuperación del gasto en políticas sociales es aún “deficitaria” para este colectivo. Tras diez años presupuestarios, el gasto en políticas sociales de 2019 (116.850,5 millones) aún está por debajo del de 2009 (116.851,7 millones). “La ausencia de presupuestos generales del estado ha lastrado la tendencia de recuperación del gasto en políticas sociales poniéndola en grave peligro”, apuntaron los directores y gerentes de servicios sociales.
Por comunidades, 12 consiguieron superar en 2019 el gasto social por habitante que tenían en 2009, siendo la Comunidad Valenciana la que en términos absolutos logró un mayor aumento en su inversión en políticas sociales (1.656 millones), mientras que Baleares fue la que porcentualmente obtuvo un mayor aumento (24,8 por ciento). Las comunidades que mantienen un mayor recorte en términos porcentuales en estos diez años, a pesar de la recuperación, fueron Cataluña (19,6 por ciento) y Castilla-La Mancha (15,4 por ciento).
En general, la organización indicó que la tónica ha sido la “reducción drástica” del gasto en otras políticas, los “recortes en sanidad, educación y servicios sociales” y el incremento exponencial de gasto en deuda.
Desde el año 2009 hasta el 2019 se han aumentado 2.132,6 millones de euros en inversión en servicios sociales. “Este aumento está hoy en un claro riesgo tras la aprobación del ingreso mínimo vital ya que las comunidades autónomas podrían caer en la tentación de dedicar los 1.500 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas que no fueran las relacionadas con la inclusión social y los servicios sociales y de esta manera eliminar de los servicios sociales el 70 por ciento de lo recuperado desde 2009”, apuntaron.
También, el gasto social por habitante fue 2.498,54 euro en 2019, 36,81 inferior al de 2009 y 11,75 al de 2018. Por otra parte, en Navarra como el País Vasco se alcanzan los 3.300 euros anuales, mientras que, en las comunidades de Régimen Común, esta cifra oscila entre los 2.200 y los poco más de 3.000 euros, destacando entre ellas Extremadura (3.039,92 euros), Asturias (2.948,92) y Cantabria (2.908,32).
Las comunidades de Cataluña y Madrid se encuentran a la cola del gasto social por habitante con una inversión de más de un diez por ciento inferior a la media de España, a más de 1.200 euros por habitante de Navarra y a más de 800 euros de la primera comunidad del régimen común, Extremadura.
“Se tendría que considerar el blindaje presupuestario de materias tan esenciales para la ciudadanía como la sanidad, la educación y los servicios sociales y poner en marcha fórmulas urgentes que permitan a las comunidades autónomas prestar estos servicios. Es un escenario de político tan grave como el actual; con unas posturas tan extremadas (que parece han venido para quedarse), el bienestar de las personas no puede acabar siendo rehén de las estrategias partidistas y de la falta de talla política”, indicó la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.