El Grupo de Vox en las Cortes de Castilla y León pedirá a la Junta la protección como bienes de interés cultural (BIC) para todos aquellos elementos con valor histórico, incluidas las inscripciones en lápidas, para evitar que sean retirados por aplicación del “vandalismo destructivo” de la Ley de memoria democrática, aprobada en octubre y en vigor. Para ello, trabaja en una proposición no de ley, que recogerá una relación de todos ellos, y que se presentará en el próximo periodo de sesiones, ya en 2023.
Tras la reunión de la Junta de Portavoces, Carlos Menéndez avanzó esta iniciativa que marcará -dijo- la línea de trabajo en las Cortes el próximo año, como en su opinión han hecho en este 2022 con las relativas a la soberanía energética.
En paralelo, precisó que la Junta trabaja en el texto legislativo sobre concordia, por lo que admitió que los “tiempos son los que hay”, porque remarcó no quieren “sacar un decreto de cualquier manera”. “Saldrá adelante”, sentenció sin aclarar si existían diferencias entre PP y Vox.
Sin embargo, Carlos Menéndez insistió en la necesidad de proteger los bienes de interés cultural, que recoge la Ley de Patrimonio de Castilla y León, de la normativa nacional en materia de memoria democrática. Además de los edificios o elementos arquitectónicos, puso el acento en las inscripciones tipográficas como una fuente primaria para los historiadores, que relatan los hechos sucedidos en un momento contemporáneo a los mismos.
De esta forma, la iniciativa, que sigue la estela de la presentado por Vox en la Asamblea de Madrid, plantea la protección de todos estos elementos, para lo que se dirige a la Junta con el fin de que sus autoridades adopten las medidas necesarias para que incoen los expedientes necesarios para articular su protección como Bien de Interés Cultural. Además, en el caso de las inscripciones, Vox pretende incluir a todas ellas, con independencia de su momento histórico.
El texto recogerá una relación de los bienes que se enfrentan a la “amenaza” de la ley de memoria democrática, como recordó puede ser la inscripción en el azulejado de la Universidad de Valladolid (UVa), con una placa dedicada a Francisco Franco en la Facultad de Derecho. Además, se pedirá que por parte de quien corresponda se haga un estudio para la catalogación y valoración como BIC.
Carlos Menéndez insistió en que esta normativa supone un “grave ataque” a la reconciliación y la concordia y defendió la necesidad de evitar la “destrucción” del patrimonio histórico español por una cuestión “sectaria”, “intolerable” y “subjetiva”, como es que sean considerados “contrarios a la memoria democrática”.
Finalmente, el portavoz de Vox enmarcó esta actuación del Gobierno en el “ataque” y “asalto” a las instituciones públicas, la separación de poderes y la democracia en España.