El proyecto de ley de Transparencia, acceso a la información pública y su reutilización en la Comunidad de Castilla y León, aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, amplía su ámbito de aplicación a todas las entidades locales, si bien establece que los municipios de menos de 5.000 habitantes solo estarán obligados a hacer públicos aquellos contenidos que previamente hayan acordado y que la frecuencia de actualización de estos datos será semestral – trimestral como máximo en el caso del resto de instituciones – , salvo que se establezca una periodicidad mayor o menor expresamente.
La norma establece una moratoria de un año desde su aprobación en el Bocyl para que las entidades menores de 20.000 habitantes comiencen a aplicarla y encarga a las Diputaciones provinciales la prestación de la asistencia en estos municipios para el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley. Asimismo, la ley obliga a la Junta a promover “las medidas de apoyo tecnológico y de formación” de los empleados públicos locales en esta materia.
En la presentación del proyecto de ley, el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, manifestó que se trata de un compromiso de regeneración y el director general de Transparencia y Buen Gobierno, Joaquín Meseguer, calificó de importante la inclusión de las entidades locales en la nueva ley.
“Castilla y León con esta ley es la comunidad que da un tratamiento más favorable a los pequeños y medianos municipios”, explicó Meseguer, que recordó que el 94 por ciento tiene menos de 5.000 habitantes y que la cuarta parte de las entidades locales de España están en Castilla y León.
De este modo, la ley de transparencia establece obligaciones para el conjunto de la Administración General de Castilla y león, las Cortes de Castilla y León y resto de instituciones propias, las entidades locales, las universidades públicas, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado, entidades públicas empresariales y entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, a las empresas y fundaciones públicas, incluidas las universitarias, los consorcios, corporaciones de derecho público y federaciones deportivas. También estarán sujetos a la norma los partidos políticos y agrupaciones de electores y organizaciones sindicales y empresariales, así como sus fundaciones y asociaciones que reciban ayudas públicas.
El proyecto de ley incrementa la relación de informaciones relevantes que deben comenzar a publicarse por parte de las instituciones públicas y refuerza los deberes de suministrar información de aquellas entidades que no están obligadas a hacerlo directamente pero si facilitarla a terceros. Asimismo, se crea un catálogo de información pública, en el que figuran los responsables de cada conjunto de datos, los plazos de actualización, los contenidos que se comprometen a publicar y el grado de cumplimiento.
En este documento quedarán registrados, al menos la información institucional y organizativa, la relativa a altos cargos, personal directivo y eventual y empleados públicos, planificación y programación, cuestiones de relevancia jurídica, atención y participación ciudadana, datos presupuestarios y económico-financieros, patrimonio, contratación administrativa y privada; convenios, encomiendas de gestión y encargos a medios propios; ayudas y subvenciones, e información estadística e actividad inspectora.
Se regula el derecho de acceso a la información pública como un verdadero derecho fundamental, por el que se articula la posibilidad de que cualquier persona pueda formular consultas con el fin de resolver las dudas o consultas, que deberán ser atendidas en el menor plazo posible de tiempo.
Otra novedad se refiere a la impugnación de las resoluciones dictadas por las altas instituciones autonómicas contra las que puede existir también una vía revisora previa a la judicial si así lo estiman conveniente y, por otro lado, introduce un trámite de mediación en la reclamación prevista en la normativa básica.
Infracciones
La ley recoge la observación de carácter sustantivo formulada por el Consejo Consultivo en la que se distingue las obligaciones donde pueden imponerse multas coercitivas como modalidad de ejecución forzosa y aquellas otras cuyo incumplimiento puede generar la imposición de una sanción.
No obstante, las sanciones aplicables a los representantes locales que hayan sido libremente elegidos por la comisión de alguna infracción muy grave tipificada en esta ley no puede acarrear la destitución, aunque sí en el caso de altos cargos de la Junta si incurren en «incumplimientos reiterados».
El proyecto elaborado por la Consejería de Transparencia tipifica la infracción muy grave con una multa entre 6.001 y 12.000 euros y la inhabilitación para ser beneficiarias de ayudas públicas, durante un período entre uno año y cinco años. Para las graves, con multa de 600 y 6.000 euros y en el caso de leves con amonestación y multa de 200 y 599 euros.
Asimismo, se establece la obligación de suministro de información con sanciones reiteradas por periodos de 15 días y una cuantía de 1.000, 2.000 y 3.000 euros por cada periodo de quince días. Se puede llegar incluso a la resolución de contratos o conciertos en caso de infracciones graves.
En la ley se mantiene el Comisionado de Transparencia de Castilla y León se atribuye al Procurador del Común y la Comisión de Transparencia como un órgano colegiado adscrito al Procurador del Común, función resolver las reclamaciones y ejercer la mediación.
No obstante, recoge que la dotación de personal del Comisionado y la Comisión de Transparencia de Castilla y León deberá acomodarse, en el plazo de un año desde la publicación de la ley en el Bocyl, a las competencias previstas en la norma, tanto las relativas a la gestión de las reclamaciones en materia de acceso a la información pública, como las de carácter sancionador.
La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, que dirige el vicepresidente Francisco Igea, consideró que la ley de 2015 de Transparencia y Participación Ciudadana “ha demostrado ser una norma que no ha respondido como se esperaba a las demandas y exigencias de la sociedad”. Por ello, apostó por una “verdadera política autonómica de transparencia, que involucre a todos y a todos comprometa de alguna manera, para seguir fortaleciendo la democracia y el funcionamiento de las instituciones y mejorar la vida de los ciudadanos”.
Sin embargo, la ley no aborda aspectos vinculados a la participación ciudadana o la regulación del lobby ya que el Gobierno autonómico tiene el propósito de regular esta materia en una iniciativa legislativa específica que contemple de forma integral la participación de la sociedad en la gestión de los asuntos públicos.