La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) apoyó hoy los refuerzos solicitados por la magistrada del Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid que instruye el caso del presunto fraude de los ataúdes de la funeraria El Salvador, una causa de «corrupción». En concreto, se trataría de un refuerzo del personal de la Oficina Judicial y de la letrada de la administración de justicia.
El órgano consideró que el proceso merece la calificación de “causa compleja” por corrupción, la clase de delitos -sobre todo, fiscal y/o blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal- así como por la pluralidad de personas investigadas, el “elevadísimo” número de perjudicados, la relevancia económica de las conductas investigadas y la “especial” complejidad de la instrucción.
Una conclusión a la que llega la Sala tras comprobar el “notable” volumen alcanzado por las actuaciones a pesar de su reciente incoación. También mencionó que, por la naturaleza de los hechos investigados, la causa ha generado un “notable” impacto social con la consiguiente repercusión mediática.
Además, resolvió informar favorablemente a la integración en la actividad del órgano judicial de un equipo compuesto por un inspector y un subinspector del Ministerio de Hacienda, u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma.
El objetivo, señaló en un comunicado el TSJCyL, es facilitar el análisis contable, fiscal y mercantil de la documentación intervenida. La magistrada del Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid precisó que el auxilio técnico de especialistas de Hacienda resultaba “imprescindible” para la instrucción de la causa.