Las residencias de ancianos privadas de Soria cuentan con un 18 por ciento de plazas vacantes, según destacó hoy el presidente de la Asociación Soriana de Atención a la Dependencia (ASAD), Francisco Javier Sanz Alonso, quien recordó que con un diez por ciento menos de desocupación las empresas del sector ya comienzan a sufrir perdidas.
La crisis que amenaza al sector de estas empresas del ámbito sociosanitario es común al resto de provincias de Castilla y León y viene derivada de los efectos del COVID, que ha provocado la muerte de ancianos y que muchas familias opten por cuidar a sus mayores en casa.
“Se nos avecina una crisis aún mayor, porque las familias trasladarán, en breve, a sus mayores a casas para que contribuyan en la economía familiar debido a la crisis”, avanzó el empresario para señalar que las residencias públicas también tienen vacantes y los nuevos usuarios van a ellas en primer lugar.
Ante esta situación, Sanz aseguró que los centros residenciales están en una situación de “emergencia”, y por ello, exigió ayudas directas y políticas sociales e integrales que tengan en cuenta la dependencia de los usuarios.
“Todos los sectores han sufrido la pandemia. Nuestro coste laboral supone el 62 por ciento de nuestros ingresos”, indicó. para insistir que todas las inversiones que realizan las administraciones públicas en este ámbito beneficia a la sociedad en su conjunto, con un retorno a las arcas públicas de un 43 por ciento.
Por ello, exigió que se pongan políticas “urgentes” para que el sector de las residencias privadas “aguanten”, y recordó que, en muchos casos, las residencias de mayores en el medio rural son la única empresa de los pequeños municipales, que emplean además, mayoritariamente, a mujeres, lo que ayuda a fijar población.
Asimismo, exigió que el nuevo modelo de atención centrado en la persona, que plantea aprobar la Junta de Castilla y León en los centros de mayores, debe ir acompañado de una financiación digna, ya que las pensiones de los usuarios “son las que son” y el coste de prestación del servicio aumenta.
“Castilla y León nos ha hecho saber que van a subir el precio de las plazas concertadas y las prestaciones asociadas al servicio, pero esto no se va tener un efecto inmediato a corto plazo, por ello exigimos que se busquen fórmulas que favorezca a las personas dependientes y que las ayudas las reciban a través de los prestadores de servicios”, argumentó.
Del mismo modo, pidió que se unifique el IVA para todos los usuarios al cuatro por ciento, y subrayó que la pandemia, ha servido para evidenciar que es necesaria una coordinación entre las residencias y el SACyL para dar un servicio de calidad a los mayores.
“Con una financiación digna y con la implantación del modelo en ‘Mi casa’ mejoraría los problemas de contratación labora; contribuirá a una mejor elección por parte de los usuarios del centro en el que quieran estar y ayudará a fijar la población”, destacó.
Sanz Alonso compareció hoy con el presidente de Cecale en Castilla y León, Santiago Aparicio, quien recordó que el sector ha tenido que soportar gastos extras derivados de la pandemia, al tener que contratar a un mayor número de personas, la compra adicional de equipamiento de protección y los relacionados con el ámbito administrativo y de gestión de los centros. “Esto va unido a las pérdidas que han soportar al no poder ocupar las vacantes que dejaban los fallecidos a consecuencia del COVID”, destacó.
Aparicio aseguró que existe una “preocupación” entre las empresas pequeñas y medianas que están también en el medio rural, y exigió ayudas a “fondo perdido” para suplir el efecto que tendrá el que las residencias se queden con un porcentaje alto de plazas vacantes.