Con los votos en contra del PP y Ciudadanos, el pleno de las Cortes de Castilla y León rechazó hoy una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista por la que se instaba a la Junta a que cumpliera sus obligaciones de financiación del servicio de Ayuda a Domicilio, se modificaran las normas para incrementarse el número de horas y se reduzcan los copagos que tienen que realizar los perceptores de este servicio.
Tanto desde el PP como desde Ciudadanos se destacó que la Junta está cumpliendo con la normativa que regula la Ayuda a Domicilio, a la vez que indicaron que el incremento de horas del servicio es una cuestión que compete regular al Gobierno. Además, propusieron el debate por separado de algunos de los puntos, mientras que el PP también presentó enmiendas a dos de ellos, propuesta que fue rechazada por Grupo Socialista.
En la moción, que contó con el apoyo de todo el Grupo Mixto, también se instaba a la Junta a regular las garantías de calidad del servicio y los requisitos de calidad en la atención que han de cumplir las empresas, así como las condiciones de trabajo de los profesionales de este servicio de atención personal.
La procuradora socialista María Isabel Gonzalo, encargada defender la PNL, argumentó que tras la crisis del COVID-19 y el “desastre” de las residencias, el deseo de vivir en el propio domicilio de los mayores se ha incrementado, por lo que papel de la Ayuda a Domicilio se convierte vital.
Además, sostuvo que la calidad y la equidad del servicio es fruto del esfuerzo de los ayuntamientos y de sus recursos, a la vez que denunció que la Junta no abona el 90 por ciento del coste del servicio, y hay ayuntamientos que aportan hasta el 40 por ciento. “En estos momentos, nuestros mayores necesitan más apoyo que nunca y esto es obligación de la Junta, no de las entidades locales”, afirmó Gonzalo, a la vez que recalcó que es necesario incrementar el tiempo que los profesionales de la Ayuda a Domicilio pasan con los usuarios, para que interactúen, además de recordar que la propia consejera ha reconocido deficiencias en el servicio.
Por parte de Ciudadanos, María Teresa Gago López, se explicó que la intensidad horaria del servicio es competencia del Gobierno Central, y recordó que los avances para que el servicio sea gratuito para las personas que viven solas con rentas de menos de 700 euros al mes, así como la reducción de un 20 por ciento para las rentas medias o bajas.
Desde el Partido Popular, Noemí Rojo Sahagún, indicó que se trata de una “prestación estratégica” que continuamente se está mejorando. Así, hizo referencia a un reciente acuerdo del Diálogo Social que supone incrementar los fondos en cuatro millones para mejorar el servicio y rebajar el copago. Además recalcó que la Junta cumple con la ley y financia el 90 por ciento del servicio y aseguró que se aplica de exhaustiva la normativa estatal en cuanto a intensidad, por lo que debe ser el Gobierno el que modifique esta norma.
La procuradora del PP también resaltó que la organización del servicio y los convenios colectivos de los trabajadores es competencia de los trabajadores.
Por el Grupo Mixto, Pedro Pascual (Por Ávila) puso el valor el esfuerzo de los Ayuntamientos y aseguró que están asumiendo costes que no les corresponden en un servicio esencial que cada vez solicitan más personas, mientras que la procuradora de Podemos, Laura Domínguez, denunció el sistemático abandono por parte de la Junta de este servicio, «con trabajadores sin protección, sin test PCR y con condiciones laborales lamentables». Además, rechazo los copagos y reclamó más recursos y mejores condiciones para los trabajadores, “tenemos que cuidar a los que nos cuidan”.
También votó a favor de la propuesta del PSOE el procurador de Vox Jesús García-Conde del Castillo, que resaltó que es un servicio fundamental tras el fracaso de las residencias ante la pandemia.