El pasado 25 de marzo la residencia de ancianos ‘Valle del Cuco’, situada en la localidad burgalesa de Adrada de Haza, fue intervenida por la Junta de Castilla y León para evitar una “posible situación de desamparo” de los usuarios. Los 31 ancianos que allí residían fueron trasladados a otras residencias ubicadas tanto en la provincia como en la Comunidad, a fin de “garantizar su atención”, tal y como informó en su momento la Junta.
Esta situación impactó a la sociedad burgalesa, puesto que el país se encontraba inmerso en plena pandemia del COVID-19 y la de ‘Valle del Cuco’ se convirtió así en la primera residencia en ser intervenida por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Dos meses después, las trabajadoras del centro han roto su silencio para contar la verdad de lo que ocurrió en el centro, tras el anuncio de la reapertura por parte de la directora del mismo, Lucía Rodríguez Adrados. En este sentido, una de las trabajadoras de la residencia, Carolina García , que ejerció como enfermera del centro desde su llegada a finales de febrero hasta pocos días antes de ser intervenida por la Junta, relata la mala situación se encontraban tanto los ancianos como las propias trabajadoras.
“No contábamos ni con mascarillas ni equipos EPI, ni soluciones hidroalcohólicas, nada que tuviera que ver con la prevención frente al COVID-19”, recuerda. Asimismo, el único material del que disponían las trabajadoras eran los guantes de protección que “normalmente se utilizan en las residencias por higiene”. A la vez que ocurría esto, la pandemia avanzaba en el país, aumentando diariamente la lista de contagiados y muertos. “Empezaba a haber compañeras que estaban nerviosas y tenían miedo, algunas por sus familiares o por lo que pudieran llevar a sus casas”, señala.
Fue en este momento cuando se decidió mandar un escrito a la empresa solicitando los equipos de protección para poder trabajar. “Teníamos que conseguir el material cuanto antes, era preciso que se comprase para poder estar protegidas”, afirma. Sin embargo, fue por estas fechas que varios ancianos de la residencia comenzaron a presentar sintomatología de posible coronavirus, coincidiendo con la falta de pruebas. Al respecto García recuerda que desde la dirección de la residencia se llegó a decir que como no se podía saber si estaban contagiados, iban a pensar que no lo estaban. “No pasa nada, vamos a dejarlos tal como están”, recuerda la enfermera.
Una decisión que despertó la queja de las trabajadoras, que señalaban que los usuarios estaban presentando síntomas claros de coronavirus, y “lo que recibieron fueron amenazas”, cuenta García. “Lo que la residencia hacía básicamente era presionar y amenazar a las trabajadoras con que si no se dedicaban a lo que tenían que hacer, iban a haber consecuencias”. Entre medias de esta situación, muchas de las trabajadoras comenzaron a cogerse la baja, algunas porque presentaban síntomas y otras porque no querían poner en riesgo a sus familias.
Aislamiento de los ancianos
Ta y como recuerda la enfermera, fue en este momento que en el centro se empezó a notar la “escasez de personal”, y la respuesta por parte de la empresa fue “reforzar los puestos de trabajo que estaban siendo mermados”. De esta forma, se comenzó a doblar turnos de las trabajadoras que permanecían, llegando incluso a no tener días de descanso entre semana o realizando tareas que no eran las correspondientes a su puesto.
“Para mí esto estaba siendo demasiado, me venía demasiado grande porque como responsable de salud me estaba viendo muy impotente y muy insultada por la gerencia de la residencia”, cuenta. En este sentido García explica que cuando solicitaban material de protección desde la dirección las tachaban de “histéricas” y aseguraban que “no era para tanto” y que el COVID-19 no llegaría a la residencia. “En ese momento, como responsable de salud me estaba empezando a ver en tesitura de peligro por mi propia integridad. No quería ser responsable de algo así”, añade.
Cuando los ancianos con síntomas comenzaron a sobrepasar la decena, las trabajadoras pidieron que se llevara a cabo un protocolo de aislamiento, a fin de evitar más contagios. “La directora y la gerente me dijeron que era un trabajo demasiado laborioso el aislar a todos los abuelos, y que como se iban a infectar todos los dejáramos ahí” , subraya García.
Tras mucho insistir, se procedió a aislar a los ancianos en sus habitaciones, aunque no contaban con todos los cuidados necesarios. “Tenían una falta de cuidados terrible, sin darles prácticamente de comer, sin pasar a visitarlos, sin movilizarlos, simplemente tumbados en la cama durante días, abandonados”. Una situación que afirma que para ella fue el “sumun”, por lo que días antes de que la Junta interviniese el centro, decidió marcharse.
Durante todo este tiempo, los familiares de los ancianos no habían tenido ningún tipo de información sobre lo que estaba ocurriendo en el centro, puesto que no les cogían el teléfono o les daban datos contradictorios, tal y como explica la familiar de uno de los ancianos que allí residía, que prefiere no revelar su identidad. “Dependiendo quien te cogía el teléfono te decían que había 14 aislados o dos. Un día, por un descuido nos enteramos que no había doctora desde hace mucho tiempo, la enfermera había dimitido y había más de la mitad de la plantilla de baja”.
A partir de ese momento se pusieron en contacto con la Guardia Civil y la alcaldesa de la localidad, a fin de conocer qué estaba ocurriendo realmente en el centro, y poco después la Junta intervino el lugar. “Quedaban dos o tres empleadas para todo el día atendiendo a más de 30 personas. Según la presidenta estaba todo en orden, nunca ha pasado nada y solo estaban constipados», concluye.