La Junta realizará un estudio de seroprevalencia a los empleados públicos de Castilla y León para el retorno seguro a la actividad presencial en la Administración autonómica de la Comunidad ante la crisis del COVID-19, que será voluntario y se iniciará con los profesionales que han tenido un contacto directo con el virus.
Así lo anunció el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, durante su comparecencia telemática, junto a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, para informar de la evolución de la pandemia en Castilla y León y del contenido de Conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación de la Comunidad, que reúne al presidente autonómico y los responsables de las entidades locales de más de 20.000 habitantes y corporaciones provinciales.
Ibáñez explicó que ese estudio se iniciará de inmediato con los profesionales de la Gerencia de Servicios Sociales, el 112 o los agentes medioambientales y seguirá con docentes, personas con atención directa a los ciudadanos.
El objetivo es que los empleados públicos se sientan protegidos en la vuelta progresiva a su puesto de trabajo, ya que en este momento de estado de alarma existen unas restricciones y está habilitado el teletrabajo para unos 9.000 funcionarios.