La Junta de Castilla y León mantiene la “misma actitud” y sigue “abierta” a un acuerdo con los sindicatos para la aplicación de la jornada ordinaria de 35 horas semanales en la Administración autonómica, siempre que se garantice la calidad de los servicios. Esta demanda, que motivó una huelga general el 6 de noviembre, continuará en 2020 ante la ausencia de un pacto entre las partes al respecto.
Tras el Consejo de Gobierno, el último de 2019, el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, confió en que la llegada de un nuevo Gobierno y presupuesto del Estado permita a la Comunidad contar con más fondos para atender reclamaciones como la jornada de 35 horas, acordada en mayo por la Junta y los sindicatos y que no tiene fecha de aplicación, de momento.
Los sindicatos UGT, CCOO y Csif exigían que las 35 horas se aplicaran para todos los empleados públicos, salvo excepciones, el 1 de enero, mientras que la Junta planteó al final de las negociaciones que la entrada en vigor de la nueva jornada comenzara a partir del primer trimestre.
Igualmente, el portavoz aprovechó para facilitar los datos concretos del seguimiento de la huelga en la función pública celebrada el 6 de noviembre. Indicó que el paro fue secundado por el 5,4 por ciento, lo que supone 3.381 empleados públicos, tras cerrarse la nómina y el descuento de ese día.
Anteriormente, explicó Francisco Igea, se había informado de un seguimiento del 4,51 por ciento, lo que suponía 2.916 trabajadores públicos.